Una Agenda de Fortalecimiento Institucional

Una Agenda de Fortalecimiento Institucional

Cámara Guatemalteca de la Construcción promueve la transformación de liderazgo organizacional a través de la ética empresarial y cumplimiento
La titularización de activos inmobiliarios
¿Cómo dinamizar la economía del sector construcción?

Para que exista desarrollo económico sostenible es un imperativo revisar los cimientos de nuestro sistema legal y esto implica empezar por revisar el sistema electoral y de partidos políticos, el poder judicial, la Contraloría General de Cuentas, así como aquellos mecanismos que permitan actividades y una relación transparente con el Estado.

 Ma. Isabel Carrascosa

Sigüenza y Carrascosa Consultores

La fortaleza institucional de un país es indispensable para el bienestar económico y, por ende, para el bienestar social y cultural de los individuos de un estado. Las instituciones son las normas que limitan el campo de acción de las personas. Existen unas de naturaleza informal como la moral, las costumbres o los tabúes; pero existen otras que son las llamadas instituciones formales que son las constituciones, las leyes y reglamentos. La institucionalidad pública son aquellas normas formales que regulan el actuar del gobierno, local y nacional, las agencias o intendencias. Esta nos debería de brindar certeza y confianza como ciudadanos, nos debería de permitir dedicarnos a lo propio y delegar en el Estado ciertas actividades que nos beneficien a todos.

La institucionalidad pública no la conforman las personas, que en lo individual o de forma colectiva, actúan en las distintas esferas sociales, a ellas se les llama organizaciones, que a su vez pueden ser públicas o privadas. Más bien, la institucionalidad pública son las reglas del juego y las organizaciones son sus jugadores; en términos de construcción, la institucionalidad pública son los cimientos y las distintas organizaciones, incluidas las que desarrollan actividades económicas son las columnas, y sin cimientos, no pueden haber columnas fuertes.

Para el sector construcción, igual que para muchos otros pero en menor medida, la institucionalidad pública es sumamente importante, porque su relación con esta es constante y muy cercana. Por lo que el diseño institucional de las instituciones públicas y sus incentivos o desincentivos tienen un efecto directo en la actividad económica que realizan contratistas públicos como privados, desarrolladores de vivienda y quienes proveen de insumos al sector.

Prueba de lo anterior es que se cuestiona, una y otra vez, si el modelo de contratación pública actual es el más adecuado para proveer al Estado de un sistema vial que permita que el país sea competitivo; o se critican los procesos muchas veces dilatorios y complejos para tramitar licencias de construcción. También se cuestionan los incentivos de creación de vivienda y se critica el modelo de mantenimiento de carreteras, por mencionar solo algunas de las situaciones en las que las leyes o la Constitución prevén mecanismos que no necesariamente incentivan la actividad adecuada y la efectividad en el sector construcción.

Crear los incentivos adecuados para fortalecer el set de reglas que regulan la actividad del Estado no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. En el Congreso de la República recae la actividad legislativa del Estado y por eso es el actor principal en un proceso de fortalecimiento institucional. Sin embargo, las entidades gremiales tienen la labor de promover estos cambios institucionales que permitan una actividad productiva transparente y eficiente.  La importancia de lo anterior para las gremiales y sus miembros radica en que entre mejores sean las reglas del juego, mejores equipos y jugadores tendremos.

El actual Presidente de la Junta Directiva del Congreso ha expresado de forma contundente que la agenda legislativa priorizará aquellas normas que permitan el desarrollo económico. Esto es sumamente alentador y abre una ventana para explorar cuáles son las leyes que efectivamente tienen la capacidad de activar la economía. En ese sentido, el sector construcción tiene un potencial grandísimo que debería de ser aprovechado. Por lo que dentro de estas reflexiones deberían de estar temas como: el derecho de vía y libramientos; mecanismos que permitan agilizar trámites de licencias; revisión de los mecanismos de supervisión de la obra pública; revisión del actual esquema de Covial; aprovechar la experiencia de otros países para fomentar la construcción de vivienda popular; cuestionar la viabilidad de las alianzas público-privadas con su actual esquema; explorar esquemas como el de las obras por impuestos que es un modelo que ha resultado exitoso en otros países, así como otros aspectos que puedan conducir a la reactivación del sector construcción.

Sin embargo, tal y como se mencionó anteriormente, para que exista desarrollo económico sostenible es un imperativo revisar los cimientos de nuestro sistema legal y esto implica empezar por revisar el sistema electoral y de partidos políticos, el poder judicial, la Contraloría General de Cuentas, así como aquellos mecanismos que permitan actividades y una relación transparente con el Estado y sus organismos. Por ende, para que la agenda económica tenga el éxito esperado, ésta debe de trabajarse en paralelo con una agenda de fortalecimiento institucional que nos permita tener un marco jurídico más certero, que fomente la confianza y la inversión.

Esta Junta Directiva del Congreso tiene un gran reto por delante, pero también lo tenemos los ciudadanos, la sociedad civil, el sector empresarial, la academia y demás actores que debemos luchar por los cambios institucionales necesarios para construir un Estado en el que todos podamos dedicarnos a lo que nos gusta, en lo que somos mejores y a lo que hacemos más eficientemente.

 

 

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