Desarrollo Inmobiliario en patrimonio cultural protegido

Desarrollo Inmobiliario en patrimonio cultural protegido

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La intervención inmobiliaria en Conjuntos Históricos es posible, debe de hacerse en apego a la legislación vigente y con el espíritu de integrar las nuevas obras al patrimonio cultural de nuestro país.
Lic. Juan Antonio Mazariegos G.

Es común que cualquier desarrollador inmobiliario que deseé evaluar la realización de una obra en un predio en ciudad de Guatemala o en cualquier otro lugar del país, se enfrente a la incertidumbre sobre la clasificación como bien cultural que posee la construcción existente en el inmueble (ver clasificación en el recuadro), qué se permite o qué no se permite realizar en ese predio, de conformidad con las leyes que delimitan y protegen el patrimonio cultural, en el caso concreto sobre las características arquitectónicas que incluyen su forma, volumen, textura y decoración.

Categoría A: Casas, edificios, y obras de arquitectura e ingeniería, declarados Patrimonio Cultural de la Nación, por su valor histórico, arquitectónico, artístico o tecnológico. Categoría B: Casas, edificios, y otras obras de arquitectura e ingeniería, así como espacios abiertos tales como: atrios, plazas, parques y jardines característicos o tradicionales del Centro o del Conjunto Histórico respectivo, declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Categoría C: Casa y edificios que, sin corresponder a las categorías anteriores, reúnan características externas que contribuyan al carácter y paisaje tradicionales del Centro o del Conjunto Histórico respectivo. Categoría D: Todos los inmuebles situados dentro de los perímetros del Centro Histórico y los Conjuntos Históricos que no corresponden a las categorías A, B o C.

El Patrimonio Cultural del país está regulado por una ley específica que es el decreto número 26-97, Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. El artículo 3 de dicha ley, en su último párrafo señala que “quedan afectos a la presente ley los bienes culturales a que hace referencia el presente artículo en su numeral uno romano, que tengan más de cincuenta años de antigüedad, a partir del momento de su construcción o creación y que representen un valor histórico o artístico, pudiendo incluirse aquellos que no tengan ese número de años, pero que sean de interés relevante para el arte, la historia, la ciencia, la arquitectura, la cultura en general y contribuyan al fortalecimiento de la identidad de los guatemaltecos.”

De forma general el artículo 12 del mismo cuerpo legal determina que “los bienes que forman el Patrimonio Cultural de la Nación no podrán destruirse o alterarse total o parcialmente, por acción u omisión de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.”

En ese mismo sentido el artículo 9 de dicha ley señala que los bienes culturales “no podrán ser objeto de alteración alguna salvo en el caso de intervención debidamente autorizada por la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, y cuando se trate de bienes inmuebles declarados como parte de un Centro, Conjunto o Sitio Histórico, será necesario además, autorización de la Municipalidad bajo cuya jurisdicción se encuentre.”

Por último, dentro de la referida ley, el artículo 16, determina que “la persona que tenga capacidad científica y técnica fehacientemente comprobada, puede desarrollar proyectos de cualquier índole en inmuebles, centros o conjuntos históricos, urbanos o rurales y en zonas o sitios arqueológicos, paleontológicos o históricos, solicitando en forma previa a su ejecución, someter tales proyectos a la aprobación de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, que dispondrá el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas para la mejor protección y conservación de aquellos, bajo su vigilancia y supervisión.”

En el caso concreto de la ciudad de Guatemala, para la regulación y desarrollo sobre los Conjuntos Históricos de la misma, se emitió el Acuerdo Municipal 22,455 mediante el cual, en su artículo 1, se delimita el ámbito de aplicación de dicho Asimismo, es pertinente considerar lo preceptuado en los artículos 1 y 2 del Acuerdo Ministerial 328-98.
Todas estas disposiciones permiten concluir que las alteraciones o la demolición de un bien declarado como patrimonio cultural están limitadas o prohibidas, siendo factible hacer modificaciones siempre que se observen los parámetros establecidos por el Ministerio de Cultura y Deportes a través de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, así como se consulte a la Municipalidad del lugar en el caso de que se trate de un Conjunto Histórico y se observen las demás disposiciones legales aplicables.

Dentro del marco de esta normativa, podemos entender también que existe un amplio espectro subjetivo de interpretación, siendo las condiciones a tomar en cuenta la antigüedad del inmueble, como generalidad más de 50 años y sus condiciones históricas y artísticas. Cuando nos encontramos ante un inmueble que tiene una clasificación como patrimonio cultural y deseamos que la misma sea corregida o revertida (únicamente es posible cambiar de la clasificación C a D), debemos de acudir a una inspección e interpretación que se realiza por parte de un delegado de la Dirección el Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes en donde se observarán las características de la construcción, su valor arquitectónico y su aporte a la zona donde se ubica, a efecto de determinar si es posible cambiar su clasificación y se permita su modificación, alteración o demolición.

Como última aportación de este breve artículo, es necesario que cualquier desarrollador inmobiliario tenga presente que existe el delito de depredación de bienes culturales, establecido en el artículo 44 del Decreto 81-98 del Congreso de la República. La intervención inmobiliaria en Conjuntos Históricos es posible, debe de hacerse en apego a la legislación vigente y con el espíritu de integrar las nuevas obras al patrimonio cultural de nuestro país.

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