CoST presenta informe de aseguramiento de proyectos

CoST presenta informe de aseguramiento de proyectos

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La Iniciativa de Transparencia en la Infraestructura (CoST) es una iniciativa internacional, multisectorial, que trabaja conjuntamente con el sector público que involucra tanto gobierno central como local, iniciativa privada, sociedad civil organizada, academia, comunidades locales, cooperantes internacionales, con el objeto de promover calidad del gasto público destinado a  infraestructura. Para el efecto, la Iniciativa CoST hace uso de estándares y mecanismos internacionalmente validados, los cuales aumentan los niveles de transparencia y la rendición de cuentas de los proyectos evaluados anualmente, facilitando así la auditoria social.

En diciembre de 2010, Guatemala fue el primer país latinoamericano que se asoció a la Iniciativa y desde su constitución en el país, el Grupo Multisectorial ha incidido en las instancias del Estado a fin de incorporar en el andamiaje jurídico nacional, el cumplimiento de la divulgación de información sobre los proyectos de infraestructura pública, de acuerdo a todas las fases comprendidas dentro del Estándar de Datos CoST, siendo organización pionera en la  introdución de éstas normativas.

CoST Guatemala presentó el ¨Séptimo Informe de la Iniciativa de Transparencia en la Infraestructura Pública¨, en el cual se sometieron a escrutinio 22 proyectos nuevos y 6 de seguimiento ejecutados por  entidades gobierno central, local, e instituciones descentralizadas, autónomas y semiautónomas, dando un paso importante para promover la contratación, ejecución y liquidación transparente de las obras públicas.

Como resultado del análisis realizado a los proyectos seleccionados, la Iniciativa CoST Guatemala, presenta las principales conclusiones alcanzadas:

  1. Existe una imperiosa necesidad de fortalecer los procesos de planificación de proyectos, desde su identificación con participación de las comunidades beneficiarias, la elaboración de estudios técnicos, los estudios de factibilidad, la programación financiera de la ejecución, la resolución oportuna de todos los aspectos legales inherentes a los proyectos, tal el caso de derechos de vía, permisos de uso, entre otros. Especial atención merece la necesidad de contar con información confiable, verificable y oportuna de los precios de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, que permitan la elaboración de presupuestos de los proyectos más acordes a la realidad y que no provoquen distorsiones al sector de la construcción ni tengan implicaciones negativas para el erario nacional.  Dentro de este contexto, es muy importante, también, fortalecer las capacidades de los funcionarios y técnicos responsables de la elaboración de las bases de los concursos de precios, de los contratos, del seguimiento administrativo y financiero, debiendo prevalecer el interés de la población beneficiada y la racionalidad del gasto público.
  2. Con relación a los proyectos ejecutados al amparo de declaratorias de emergencia o calamidad pública, se ha hecho un mal uso de la figura, ya que se en los casos cuando se ha extendido la vigencia de los mismos, aparecen proyectos vigentes por varios años, generando costos adicionales para el Estado. Cabe mencionar que si bien los decretos mencionados, permiten la contratación directa, esto no implica que las unidades ejecutoras puedan dejar de publicar información relacionada con los gastos realizados al amparo de estas figuras legales.
  3. Existen proyectos que han sido objeto de recurrentes modificaciones en tiempo y monto, a lo largo de más de 25 años, los cuales, con base en la normativa vigente, pueden ir ajustando el valor del contrato, aún sin realizar trabajos significativos en la obra o estando suspendidos. Esta situación ha generado deuda de arrastre por pagos atrasados y gastos adicionales necesarios para recuperar los proyectos que no fueron objeto de mantenimiento.  Es válido reconocer que las empresas ejecutoras brindaron importante colaboración al equipo de aseguramiento, ya que pusieron a la vista información completa de los proyectos, misma que no ha sido publicada en su totalidad por la unidad ejecutora responsable.

Otras debilidades encontradas en al menos 10 de los 22 proyectos, son:

  • Procedimientos cuestionables de adjudicación
  • Idoneidad de los integrantes de las juntas de calificación de ofertas

Y en casos específicos se estableció lo siguiente:

  • Proyectos ejecutados por medio de organismos internacionales por encargo de entidades nacionales (semiautónomas, autónomas y descentralizadas) que si bien elaboran bases de concursos bien estructuradas, muestran incumplimiento en la publicación de información, en función de que el Decreto 46-2016 es aplicable a toda obra que se ejecute con fondos públicos.
  • Proyectos ejecutados al amparo de convenios con organismos de la cooperación internacional, sin embargo, fuera de la competencia de la entidad de adquisiciones según lo establecido en la Ley del Organismo Ejecutivo.

En función de las conclusiones anteriormente indicadas, se presentan las siguientes recomendaciones recalcando la importancia de su abordaje mediante una dinámica multisectorial, con una amplia participación de todos los involucrados en el sector de la Infraestructura Pública.

  1. Es necesario que las Entidades Adquisiciones respeten las disposiciones del Ministerio de Finanzas Públicas, en términos de publicar la información indicada en las resoluciones 11-2010 y 01-2014 y las demás leyes de jerarquía superior que norman su cumplimiento.
  2. Las Entidades de Adquisiciones deben definir de mejor manera las responsabilidades sobre el seguimiento de los proyectos en términos de contrato, fianzas, plazos, pagos, modificaciones.
  3. Es necesario evaluar la conveniencia de implementar un mecanismo de facilitación para la preparación de proyectos, como por ejemplo el que varias entidades de la cooperación internacional tienen ya en marcha a nivel internacional.
  4. Se deben hacer gestiones para que la academia fortalezca las áreas dedicadas a la planificación de proyectos, promover capacitaciones que certifiquen que los funcionarios y técnicos han desarrollado las competencias necesarias para una adecuada formulación de proyectos.
  5. Es importante, promover el levantamiento de precios de materiales y mano de obra, así como de maquinaria y equipo, y servicios de apoyo al proceso de construcción, a nivel departamental, municipal, para integrarlo a nivel regional y nacional.
  6. Siendo Guatemala el Lugar en vulnerabilidad a desastres a nivel mundial, las EAs deben adelantar los estudios que les permitan identificar los riesgos y elaborar oportunamente los planes de mitigación que incluyan las obras de ingeniería necesarias y así contar con información básica al momento de dar respuesta a un desastre o realizar las tareas de reconstrucción.
  7. Es prudente investigar más a fondo las razones por las cuales se ha reducido al mínimo la participación empresarial, tanto de quienes están agremiados, como de aquéllos que no pertenecen a ninguna asociación del sector.
  8. Guatemala como Estado, debe realizar las reformas a la normativa de contrataciones de manera que se logre dinamizar el sector de la construcción, sin sacrificar la transparencia y la calidad del gasto, esto implica explorar innovadores mecanismos de contratación aprovechando los avances tecnológicos y promoviendo una mayor participación del sector privado en los proyectos de interés público mediante inversiones público-privadas que contribuyan a la modernización y ampliación de la cobertura de servicios públicos con amplia demanda de infraestructura.
  9. Es necesario revisar a profundidad el sistema Guatecompras y su portal para identificar las mejoras que sea posible incorporar.

El Estándar de Datos CoST, comprende items que divulgan información general del proyecto y su planificación, diseño, contratación, ejecusión, supervisión y liquidación. La divulgación del Estándar de Datos CoST, así como la evaluación técnica que realiza del mismo un equipo de profesionales independientes, contribuye a promover una mejor calidad de la infraestructura y gasto público destinado a este sector.

En el evento participaron representantes de la sociedad civil, sector público y privado.

 

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