Las Alianzas Público Privadas en Guatemala

Las Alianzas Público Privadas en Guatemala

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¿Qué esperar en inversión en infraestructura?

Las alianzas público-privadas constituyen una oportunidad para el desarrollo de proyectos de infraestructura económica y contribuir a la reducción de la brecha de inversión en infraestructura.
Licda. Ruby Asturias
Socia de EY LAW

Actualmente Guatemala enfrenta grandes retos en materia de infraestructura y obras públicas, tales como la recuperación de la red vial del país, la necesidad de mejorar, construir o mantener instalaciones vitales para el desarrollo comercial o social como puertos, aeropuertos, puentes, pasos fronterizos, hospitales, cárceles escuelas, entre otros.

Diferentes estudios han demostrado que una infraestructura inadecuada y obsoleta no solo afecta la calidad de vida y limita la actividad económica en el presente sino para el futuro, lo que explica por qué el crecimiento potencial de un país decrece en el tiempo.

La falta de inversión en infraestructura se debe en parte a lo limitado de las finanzas públicas, no obstante, otros países han superado ese problema al permitir la participación del sector privado, directa o en combinación con el gobierno, mediante asociaciones público-privadas (APP).

En 2010 entró en vigencia la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, y en  2011 por medio del Acuerdo Gubernativo 360-2011 entró en vigencia su Reglamento, normas que permiten  la ejecución en el país de proyectos de infraestructura económica bajo la modalidad de APP, entendiendo a estas como una modalidad de contratación de obra pública a largo plazo, entre entidades públicas y privadas que llegan a acuerdos  para proveer un activo o servicio público necesario para la población, pero que supera por mucho la capacidad financiera y/o técnica del Estado; modelo  en el que además el privado asume riesgos significativos y la responsabilidad de administrar el proyecto y su retribución está vinculada al éxito del mismo. 

Por su forma de financiamiento las APP pueden ser: autofinanciadas por no requerir un aporte del Estado, pues se pagan mediante el recaudo de las tarifas cobradas a los usuarios directos del proyecto; y cofinanciadas que son aquellas que requieren que el Estado aporte una parte del costo de la inversión. El plazo máximo de un proyecto APP en Guatemala es de 30 años, no le es aplicable este modelo a infraestructura vinculada a los sectores de educación, salud y agua, por mandato legal.

 En Guatemala solo las entidades públicas, denominas en la ley como  Instituciones Contratantes del Estado (ICE) están facultadas para presentar propuestas de proyectos, para ser estructurados como APP, ante la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE) que es la institución especializada responsable del cumplimiento de la Ley de Alianzas cuyo órgano superior es el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (CONADIE).

No todos los proyectos de infraestructura económica pueden llevarse a cabo como APP, por lo que su conveniencia, debe ser probada en comparación con otras formas de contratación de obra pública, en especial con la determinación real del costo-beneficio, la rentabilidad social del proyecto y el interés comprobado de los privados en ejecutarlos y conseguir financiamiento para los proyectos.

En Guatemala previo a aprobar la realización de un proyecto como APP se deben realizar los siguientes estudios:

 a) La viabilidad del proyecto, determinada por una entidad especializada;

 b) La estimación del impacto presupuestario y financiero, elaborado por el Ministerio de Finanzas Públicas; y,

 c) El impacto social y ambiental del proyecto, determinado por una empresa consultora especializada contratada por la ANADIE.

Además, se debe aprobar un programa de contingencia socio ambiental por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y por SEGEPLAN. Aprobados dichos estudios, el CONADIE inicia el proceso de licitación pública internacional, mediante el cual adjudicará el proyecto a la entidad privada que ofrezca mayor certeza jurídica y las mejores condiciones económicas y técnicas para el proyecto.

La entidad adjudicada deberá constituir una sociedad de propósito exclusivo (SPE) que se dedicará únicamente a ejecutar el contrato de alianzas, el cual previo a ser suscrito por las partes debe ser aprobado por el Congreso de la República. La entidad que ejecute el proyecto será fiscalizada durante su vigencia y en caso de incumplimiento será sancionada dependiendo de la gravedad de la falta. Al finalizar el plazo del contrato el proyecto, sus bienes y mejoras deben ser devueltos al Estado, sin costo alguno.  Esta característica es esencial para entender la bondad de la modalidad, pues logra que un privado invierta en infraestructura Estatal, con una promesa incondicional de devolución en el tiempo.  Gana el privado, gana el Estado, pero sobre todo, gana la sociedad.

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