¿2019, elecciones, cambio o continuidad?

¿2019, elecciones, cambio o continuidad?

Nuevos mecanismos para mejorar y ampliar la infraestructura vial del país
La economía frente al ruido electoral
Retos y oportunidades del sector construcción

Los siguientes meses transcurrirán entre lo caótico, la incertidumbre, el riesgo de considerar el año como un temático. El 2019 marcará las posibilidades para la rearticulación de las redes procorrupción, o bien para la necesaria estabilidad político-institucional.

Renzo Lautaro Rozal
Politólogo

Entre escepticismos, alguna dosis de esperanza, al menos veinte binomios presidenciales y otros miles de candidatos, el año 2019 se presenta como un año decisivo para los guatemaltecos. Sin lugar a dudas, en medio de diversos hechos, el proceso electoral captura buena parte del interés. En lo formal, compiten veintiocho partidos ahora obligados a exponerse frente a un electorado (conformado por casi 7.8 millones de ciudadanos empadronados) que no parece mostrar los mismos niveles de interés de elecciones anteriores.

A pesar de los múltiples llamados a aumentar el padrón electoral, el cual tan solo ha crecido en poco más de 189,000 desde 2015, los incentivos para ejercer el derecho al voto están venidos a menos.

Rango de edades Total de empadronados %
18-25 años 905,114 12
26-30 años 1,125,647 15
31-35 años 1,049,591 14
Total 3,080,352 41

El cuadro anterior, indica que el segmento de ciudadanos aptos para votar comprendidos entre 18 y 35 años, equivale al 41% del total del padrón electoral. Esta porción es la más importante, pero quizás la más difícil de convencer por parte de un aparente abanico de opciones partidarias; cuyas propuestas y perfiles de candidatos conforman los ingredientes determinantes para motivar o bien, marcar distancia y desencantarse ante un evento que bien puede representar cambios positivos o regresión.    

Es previsible que entre los temas fuerzas que acapararán los planteamientos electorales (posiblemente escasos), destaca la agenda de reactivación económica que incluya propuestas para la creación de empleo, el mejoramiento de las condiciones para la competitividad, la promoción de inversiones, y en especial, la revitalización de la infraestructura para el desarrollo.

En paralelo, la agenda de la lucha por la transparencia y contra la impunidad también acaparará un alto nivel de interés. Ha quedado en evidencia que esta agenda es indispensable y está íntimamente vinculada como condicionante para el avance de los otros componentes (políticas sociales, desarrollo institucional, seguridad y justicia, entre otras). Esta última, ocupa un lugar esencial entre las propuestas demandadas.  La percepción de inseguridad y la fragilidad de la aplicación de la justicia, son dos componentes esenciales donde es notoria la ausencia de acciones concretas que contribuyan a estabilizar las condiciones para el avance integral de los guatemaltecos.

Los tres pilares anteriores, no tienen posibilidad de avance si se deja por fuera una condición básica: la reconstrucción de la institucionalidad pública. Por donde observemos el entorno, la precariedad, la ineficiencia, los deficientes servicios, los problemas de cobertura son algunos de los rasgos que los ciudadanos demandan como prioritarios para superar en el corto plazo. 

Estas y otras áreas temáticas, conforman el apartado de lo deseable. Lo que está por verse es si las organizaciones políticas tienen capacidad de respuesta, logran interpretar adecuadamente las demandas  y cuenta con los equipos humanos capaces de convertir en hechos concretos los discursos y buenas intenciones que seguramente comenzaremos a escuchar a partir de la tercera semana de marzo; cuando inicie formalmente el período de campaña electoral, que se caracterizará por ser más corta que las anteriores (tres meses), lo que beneficiará a las marcas conocidas y dejará poco margen de maniobra para los partidos nuevos.

El proceso electoral estará marcado por la puesta en escena de las reformas electorales aprobadas en abril de 2016. Entre las principales áreas de reserva, están: a) el fortalecimiento del régimen de control y fiscalización del financiamiento de los partidos políticos; b) el nuevo régimen de control y fiscalización de los espacios y tiempos en los medios de comunicación: c) la implementación del voto en el exterior; d) el fortalecimiento de capacidad sancionatoria del órgano electoral y e) las reformas  del proceso (validez del voto nulo, modificación del cronograma electoral).

Otro rasgo que se experimentará por primera ocasión en la llamada era democrática, es el largo período de transición (cinco meses entre los equipos entrantes y salientes de los Organismos Ejecutivo y Legislativo, y siete meses en el caso de los gobiernos municipales). Además, durante el año se llevará a cabo el proceso de designación de los responsables del Organismo Judicial. Los tres organismos del Estado en transición, en un escenario marcado por tensiones, agendas de intereses que se entrecruzan y poca credibilidad de los actores protagonistas.

Los siguientes meses transcurrirán entre lo caótico, la incertidumbre, el riesgo de considerar el año como un temático (considerar que el tema protagónico son las elecciones).  Sin lugar a dudas y sin el ánimo de demeritar la elección presidencial, la escogencia de los legisladores para el período 2020-2024 marcará el principal signo distintivo, al igual que la elección de los concejos municipales.

Queda por delante confirmar o poner en cuestionamiento las tendencias enunciadas. Lo que resulta evidente, es que el año en proceso marcará las posibilidades para la rearticulación de las redes pro-corrupción, o bien para la necesaria estabilidad político-institucional que permita, en el mediano plazo, marcar rumbos promisorios para este país que demanda nuevas posibilidades de avance.

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