Normativa Ambiental en el Sector Construcción

Normativa Ambiental en el Sector Construcción

Aporte el Sector Construcción al Desarrollo Sostenible
Inversión y Competitividad del Sector Inmobiliario
Importancia del sector construcción en una agenda de reactivación económica

Gabriela Platero Midence
A&G Abogados

En Guatemala, la Constitución Política de la República obliga a todas las personas a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Para ello, el Estado dictará todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación. Es por ello, que todas las actividades económicas se encuentran obligadas a cumplir con esta normativa.

Ahora bien, ¿cuáles son las normas ambientales que son aplicables al sector construcción? En primer lugar, con base en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (LPMMA) (Decreto 68-86) quien desarrolla proyectos que pueden producir deterioro a los recursos naturales e introducir modificaciones notorias al paisaje deben, previamente a su desarrollo, obtener la aprobación por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de un Instrumento Ambiental, elaborado por un Consultor Ambiental. Para que este instrumento ambiental tenga validez, es necesario obtener su después de su aprobación, su respectiva y su consiguiente Licencia Ambiental.

La normativa que establece los requerimientos relacionados con los instrumentos ambientales se encuentra contenida en el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA) (Acuerdo Gubernativo 137 2016 y sus modificaciones), así como en el Listado Taxativo (Acuerdo Ministerial 204-2019 y su modificación). Estos dos reglamentos establecen que los instrumentos ambientales se dividirán en tres grandes clasificaciones según su impacto en el medio ambiente; y según sean la categoría de cada proyecto, así serán las obligaciones administrativas que deban cumplirse. Las clasificaciones establecidas se subdividen así:

A – Alto Impacto
• B – Mediano Impacto
o B1 – Mediano a Alto Impacto
o B2 – Mediano a Bajo Impacto
• C- Bajo Impacto
o C con PGA – Bajo Impacto, pero que necesitan identificar organizar las medidas ambientales y los compromisos       que implican
o C – Bajo Impacto
o CR – Actividades con mínimo impacto, de registro.

Sin embargo, esta obligación ambiental no queda cumplida únicamente con la obtención de la aprobación del instrumento ambiental. Según el RECSA, toda empresa constructora debe cumplir con los compromisos ambientales que surgen del propio instrumento, así como de la resolución aprobatoria. Lo anterior, consiste en un conjunto de acciones continuas que conllevan una planificación detallada, cuyo fin es la gestión ambiental efectiva de la actividad.

En segundo lugar, todas las entidades que produzcan aguas residuales o lodos deben cumplir con el Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos. Según esta normativa es necesario elaborar un Estudio Técnico de Aguas Residuales (ETAR) a través de un técnico en la materia, el cual deberá resguardarse y presentarse al MARN cuando éste así lo requiera. Asimismo, para determinar el cumplimiento con los parámetros establecidos por el Reglamento, se hace necesario tomar, desde el dispositivo implementado especialmente para el efecto, dos muestras al año de las aguas residuales o lodos.

En tercer lugar, es necesario cumplir con las obligaciones relacionadas con la disposición adecuada de los desechos sólidos, ello pues según la LPMMA está prohibido usar el suelo nacional como reservorio de desechos. Para ello, la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos (Acuerdo Gubernativo 281- 2015) establece que es necesario crear un plan para el adecuado almacenamiento, separación y disposición de residuos y desechos sólidos, así como de residuos industriales peligrosos. Generalmente, estas obligaciones se encuentran incluidas en los Reglamentos de Manejo de Desechos Sólidos emitidos por cada municipalidad, por lo que dependiendo de donde se realicen la obras, los constructores deberán determinar cuáles son las obligaciones que le corresponden.

Por último, y según la naturaleza de cada obra y su ubicación, será necesario cumplir con otros requerimientos ambientales. Por ejemplo, cuando se deban talar árboles en el área de la construcción, será necesario obtener una Licencia para Cambio de Uso de Suelo del Instituto Nacional de Bosques, según lo establece la Ley Forestal (Decreto 101-96). Asimismo, si el proyecto se encuentra ubicado en un área protegida regulada por la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89), ello se debe indicar en el Instrumento Ambiental para la aprobación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, con quien posteriormente se suscribirá un Contrato de Compromisos Ambientales. Y finalmente, si durante el proceso de construcción se determina que existen vestigios arqueológicos en el área, la Ley Para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación (Decreto 26-97) y el Reglamento de Investigación Arqueológica y Disciplinas Afines (Acuerdo Ministerial 001-2012) establece que se deberán detener todos los trabajos, y dar un aviso a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural a través del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala (IDAEH).

 

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